Aunque la motosierra avanza lento, el Gobierno ya puso el ojo en trenes, energía y represas.
Con el anuncio de la privatización de AySA, la empresa que gestiona el agua potable y las cloacas en el AMBA, el Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su cruzada por achicar el Estado. Se trata de una movida enmarcada en la Ley Bases, aprobada hace un año, que autoriza la venta de ocho empresas públicas.
Hasta ahora, el oficialismo avanzó con cinco de las seis firmas que pueden ser totalmente entregadas al sector privado:
Belgrano Cargas
Corredores Viales
Intercargo
Energía Argentina (ENARSA)
AySA
Solo falta que el Ejecutivo anuncie el inicio del proceso con SOFSE, la empresa detrás de Trenes Argentinos, responsable del transporte ferroviario de pasajeros. Sin embargo, la situación del sistema —en emergencia operativa— y la continuidad de obras en los trenes suburbanos complican una privatización inmediata.
Por otra parte, el Gobierno también analiza los casos de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, aunque estas empresas no pueden ser privatizadas totalmente, sino que el Estado deberá conservar la participación mayoritaria.
El plan del “Estado mínimo” avanza a paso lento
A pesar del discurso contundente de Milei, que originalmente pidió al Congreso autorización para vender más de 40 empresas estatales, lo cierto es que el avance ha sido cauteloso. Según fuentes oficiales, recién en noviembre se presentará una hoja de ruta con el cronograma de privatizaciones y concesiones, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El plan está atado a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además de las privatizaciones contempladas en la Ley Bases, el Ejecutivo busca avanzar en nuevas concesiones, especialmente en contratos vencidos. Uno de los casos más relevantes es el de la ruta del Mercosur, cuya licitación internacional ya fue lanzada. También están en carpeta represas hidroeléctricas ubicadas en el Comahue, Mendoza y Chubut.
Sin embargo, la falta de consenso con los gobiernos provinciales ha demorado estos procesos. Pese a ello, el ministro Luis Caputo confía en que las concesiones podrían aportar hasta US$500 millones en divisas para fortalecer las reservas del Banco Central.
