A partir de diciembre, habrá un filtro más estricto para acceder a planes sociales. Buscan reducir beneficiarios y cumplir con el ajuste fiscal.
Después de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei se comprometió a avanzar con un recorte en el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las pensiones por discapacidad. El ajuste se implementará tras las elecciones legislativas de octubre y forma parte de la hoja de ruta fiscal para alcanzar un superávit mayor al previsto.
Más control y menos beneficiarios
La estrategia será aplicar un reempadronamiento general utilizando un “registro único” que centralizará toda la información social de los beneficiarios. Este nuevo sistema, llamado SIS (Sistema de Indicadores Sociales) y dependiente del Ministerio de Capital Humano, contará con asistencia técnica del Banco Mundial. El objetivo declarado: “focalizar” los planes y evitar “irregularidades”, aunque en los hechos implica reducir la cantidad de personas que reciben ayuda del Estado.
El Gobierno no aclaró si el recorte alcanzará también a quienes ya cobran la AUH o si afectará solo a nuevos solicitantes. Sin embargo, la ambigüedad en los términos y el énfasis en la “eficiencia” del gasto social abren la puerta a una revisión masiva de beneficiarios.
La meta: superávit, no contención social
Este nuevo ajuste no es una medida aislada. Se enmarca en el objetivo central del Gobierno de lograr un superávit fiscal del 1,6% del PBI, por encima del 1,3% que se había comprometido anteriormente. Para alcanzar esa meta, además del recorte en planes sociales, también avanzarán con la quita de subsidios a la energía y otros recortes al gasto público.
El giro en la política social se suma a otras decisiones recientes que generaron fuertes críticas, como el veto presidencial al aumento para jubilados y a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Mientras el oficialismo insiste en que el camino del ajuste es el único posible para “ordenar la economía”, crecen las alertas sobre el impacto de estas decisiones en los sectores más vulnerables, que nuevamente serán los primeros en pagar el costo del acuerdo con el FMI.
