Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el Estado nacional perdió más de 57 mil trabajadores. El recorte, impulsado bajo la bandera de la “austeridad”, impacta en áreas estratégicas y deja a miles de familias sin ingresos. En provincias como La Rioja, sin embargo, se eligió un camino distinto: no despedir a nadie y mantener el empleo público como política de Estado.
El recorte más grande desde la recuperación democrática
La administración de Javier Milei lleva adelante uno de los mayores ajustes del sector público desde 1983. En casi dos años, se eliminaron 57.621 puestos, un 16,8% de la dotación total del Estado nacional. El recorte alcanza a ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales, sin importar jerarquías ni funciones: científicos, técnicos, administrativos, ferroviarios, comunicadores y personal de las Fuerzas Armadas se vieron afectados.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta poda sistemática afecta tanto la prestación de servicios básicos como la capacidad del Estado para planificar, regular y asistir. Los despidos más significativos se registraron en:
Correo Argentino: más de 5 mil
Operadora Ferroviaria: 3.100
ARCA: 3.100
Banco Nación: 1.968
Aerolíneas Argentinas: 1.782
A esto se suman los recortes en organismos técnicos y científicos como CONICET, INTI y SENASA, lo que compromete investigación, control sanitario y desarrollo industrial.
El mensaje detrás de los números es político: la concepción de un Estado mínimo, donde la eficiencia se mide por la cantidad de despidos. Según Milei y su gabinete, el achique es sinónimo de libertad y eficiencia, pero los datos muestran un Estado que se desarticula y aumenta las desigualdades.
La Rioja: un modelo de resistencia
En el interior del país surgen señales de un camino opuesto. La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela, decidió no despedir a ningún trabajador estatal, a pesar de que el gobierno nacional le adeuda más de 1.200 millones de dólares y de los efectos de la recesión.
El Ejecutivo riojano sostiene que detrás de cada empleo público hay un hogar y una red de consumo que sostiene la economía local. En provincias donde el Estado es el principal empleador, un ajuste como el que impulsa la Nación podría generar un colapso económico y social. Por eso, la prioridad fue garantizar la estabilidad laboral y reforzar la presencia del Estado en áreas críticas como salud, educación, producción y desarrollo social.
Dos modelos de país
El contraste entre Nación y La Rioja evidencia dos visiones opuestas del Estado:
Modelo de achique: el Estado como obstáculo; la eficiencia se mide por los despidos.
Modelo de sostén: el Estado como herramienta de equidad; la eficiencia se mide por la capacidad de proteger a la gente.
El informe de CEPA advierte que los más de 57 mil empleos perdidos no son solo un número: representan una pérdida de capacidades institucionales construidas durante décadas, desde logística y ciencia hasta regulación y comunicación pública.
Mientras la Nación reduce estructuras y saberes, La Rioja apuesta a preservar el empleo como política de resistencia y desarrollo. En este espejo, lo que está en juego no es solo el futuro del empleo público, sino el modelo de país que quedará de pie después del ajuste de Milei.
